Acompañamiento de ASFC al Fondo de solidaridad con los jueces colombianos a los departamentos de Norte de Santander y Arauca
Catégorie(s): Voluntary cooperation, Colombia, 2017
Estefania Vargas Villabona, es consejera jurídica voluntaria en Colombia desde octubre de 2015 en el marco del proyecto «Protección de niños, mujeres y otras colectividades vulnerables» (PRODEF) implementado por Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC) y la Oficina Internacional de Derechos de los Niños (IBCR) gracias al apoyo financiero del Gobierno de Canadá a través de Asuntos Mundiales Canadá.
Andrés Felipe Peña, es consejero jurídico de Abogados sin Fronteras Canadá en Colombia desde marzo de 2017 y ha estado vinculado previamente como cooperante y consejero jurídico en el marco del proyecto “Promoción del Estatuto de Roma en Colombia” desde 2012.
Por Estefanía Vargas Villabona y Andrés Felipe Peña
Con el propósito de instalar el Observatorio para la prevención y protección de la justicia en regiones especialmente afectadas por el conflicto armado y de realizar un análisis de contexto que nos permitiese identificar los desafíos enfrentados por los/as funcionarios/as de la administración de justicia presentes en las regiones apartadas de Colombia, Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) brindó acompañamiento al Fondo de solidaridad con los jueces colombianos (FASOL) a los departamentos de Arauca y Norte de Santander, Colombia.
En la visita tuvimos la oportunidad de asistir a una serie de reuniones con funcionarios/as de la Rama Judicial y otras instituciones del Estado que tuvieron como objetivo conocer la situación de derechos humanos en dichas regiones, así como evaluar el nivel de riesgo que enfrentan los/as funcionarios/as de la administración de justicia debido al ejercicio de sus funciones. Además se buscó identificar los factores que afectan la seguridad y la independencia judicial de estas personas y evaluar su impacto bajo un enfoque diferencial y de género.
En Colombia, ASFC hace presencia desde el año 2003, acompañando a organizaciones de la sociedad civil y defensores/as de DDHH en casos de violaciones graves de los grupos y personas en situación de vulnerabilidad, centrándose igualmente en potenciar las capacidades de actores de justicia. El acompañamiento de ASFC a FASOL en estos encuentros se debe al fortalecimiento y acompañamiento internacional que se viene haciendo hace aproximadamente un año a esta organización.
Contexto de las regiones de Norte de Santander y Arauca
La ubicación geoestratégica de los departamentos de Norte de Santander y Arauca, sus ricos recursos naturales y mineros y la ausencia del Estado, han sido algunos de los factores que han permitido la consolidación de estructuras armadas en estas regiones. En Arauca, las desmovilizadas Fuerzas armadas revolucionarios de Colombia (FARC-EP) y el Ejército de liberación nacional (ELN) se hacen presentes desde la década de los 80. Además, entre 2002 a 2005 incursionaron las Autodefensas unidas de Colombia (AUC). Según Pastoral Social Caritas (2017), los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame, en el departamento de Arauca, han sido alguno de los lugares que desde las últimas décadas han presentado un mayor número de acciones violentas por parte de los grupos armados.
En las décadas de los 70 y 80, el ELN, las FARC-EP y el Ejército popular de liberación (EPL) inician su presencia en zonas rurales y urbanas del departamento del Norte de Santander. Desde la década de los 80 hasta el año 2004, las AUC también se hacen presentes en el departamento, lo que contribuyó a un incremento de la violencia. Pese a la desmovilización formal de las AUC a raíz del Acuerdo de Santa Fé de Ralito de 2005, unidades paramilitares han permanecido en el departamento, junto con el ELN y "Los Pelusos" disidencia del EPL.
A raíz del acompañamiento de ASFC se tuvo conocimiento de un caso emblemático en Arauca, se trata del homicidio el 22 de marzo de 2011de la Jueza Penal Especializada del municipio de Tame, la señora Gloria Constanza Gaona. Una de las hipótesis de la investigación apuntaría a que el homicidio ocurrió por el juicio que adelantaba la funcionaria por el asesinato de tres menores, delitos cometidos presuntamente por miembros del ejército nacional. La segunda hipótesis indicaría que el móvil del homicidio pudo haber sido por el desarrollo de los juicios por rebelión y terrorismo que adelantaba contra grupos armados. Por otro lado, en Norte de Santander, las personas entrevistadas por los delegados de ASFC indicaron que por el momento, se registran al menos 37 personas amenazadas pertenecientes a la rama judicial, de las cuales 12 serían jueces y magistrados. Particularmente se mencionó que los casos en los que se encuentran involucradas bandas criminales o “grupos de gran influencia” se presentan amenazas, y que los amenazados se abstienen de denunciar estos hechos por miedo a represalias en su contra o en contra de sus familias.
A raíz del intercambio con los operadores/as judiciales en Arauca y Norte de Santander fue posible identificar otros aspectos que a nuestro criterio interfieren en la independencia judicial, entre los que se encuentran:
• Sentimiento de “tensa calma” entre los/as operadores/as de justicia dado que aunque se desarrollen las actividades en una relativa normalidad, consideran que la presencia constante de actores armados en las regiones genera un sentimiento de tensión al considerar que en cualquier momento pueden ser blanco de estos grupos armados. Esto genera igualmente afectaciones emocionales en quienes imparten justicia por las condiciones de zozobra.
• Las presiones generadas por multinacionales y empresas extractivitas en los procesos judiciales.
• La existencia de un modelo de justicia informal implantado por los grupos armados. Este modelo de justicia paralela parece haber generado una gran aceptación por parte de la población de estas regiones por considerarla más eficaz que la justicia formal. Temas como las disputas por la propiedad, el hurto y la posesión son algunas de las problemáticas objeto de esta justicia paralela. Sin embargo, temas como la violencia intrafamiliar o la inasistencia alimentaria parecen seguir siendo de conocimiento de la justicia formal.
• La ineficacia de las decisiones judiciales por causa de la inactividad y desinterés de los gobiernos locales.
• La falta de sensibilización de funcionarios/as judiciales respecto a los casos de violencia basada en género a pesar de su conciencia e interés por el tema.
• Los despachos judiciales no cuentan con los recursos humanos suficientes para desempeñar sus funciones. Esto sumado al alto número de casos de violencia basada en género que se presentan en las regiones y que se traducen en violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, delitos sexuales y feminicidios, constituyen un factor que limita el acceso a la justicia de las mujeres dado que los funcionarios/as se ven imposibilitados a dar respuesta a todos los casos de manera oportuna.
• El cambio de calificación del riesgo de extraordinario a ordinario a los/as funcionarios/as de la rama judicial por parte de la Unidad nacional de protección –UNP- sin criterios claros para ello a pesar de la existencia de situaciones graves de seguridad.
• Dificultades para establecer la entidad competente para proporcionar la protección a funcionarios/as de la rama judicial que han sido amenazados/as (UNP, la Oficina de protección de la rama judicial o la Oficina de protección de la fiscalía).
• Se identificó que en procesos de restitución de tierras no ha sido posible acceder ciertas áreas, lo que ha generado problemas para la identificación de los predios a restituir.
• Falta de presencia estatal en los territorios que se encuentran identificados como “zonas rojas” o de conflicto.
• No se cuenta con apoyo y/o coordinación de la fuerza pública para llevar a cabo diligencias en zonas rurales.
• Se identificaron casos de injerencia en el ejercicio de las funciones de los/as operadores/as por parte de los actores armados.
En general las personas que fueron entrevistadas se mostraron positivas ante la intervención de ASFC y nuestra presencia fue vista como una ayuda en un caso de urgencia. Además, manifestaron la intención de mejorar sus conocimientos en relación con la justicia transicional, la inclusión de la perspectiva de género en el análisis de los casos, así como de los marcos normativos en materia de VBG, aspectos que consideraron esenciales para mejorar las condiciones materiales de la justicia. Finalmente, queremos advertir sobre la preocupante situación en los departamentos mencionados y sobre la importancia de fortalecer la independencia y la seguridad de las personas que administran justicia con el propósito de contribuir a la consolidación una paz estable y duradera en Colombia.
Referencias.
-Pastoral Social Caritas Arauca. (2017) Pedagogía para la paz. Artesanos del perdón y la reconciliación.
-Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento Codhes. (2007). Conflicto armado y situación humanitaria en Norte de Santander. En informe sobre conflicto armado, situación humanitaria y la política pública de atención al desplazamiento forzado.